La intervención sindical que expone una disputa mucho más profunda
En 2023, Paolo Rocca decidió ir por Abel Furlán.
La historia, según reconstruyen distintos actores del mundo metalúrgico, tiene uno de sus capítulos centrales en una negociación desarrollada en los edificios de Techint, en Las Catalinas. Allí, desde el corazón del principal grupo industrial de la Argentina, se produjo un episodio que marcó un antes y un después en la relación entre el líder empresario y el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Quienes conocen aquella reunión sostienen que Furlán rompió códigos. Mientras negoció una cosa en la mesa, afuera, sobre la avenida Alem, con una UOM movilizada, dijo otra. Ese día algo se quebró.
La pregunta es si la fractura comenzó realmente allí o si era preexistente. Si la forma en que Furlán llegó a la conducción nacional del gremio alteró un equilibrio de poder que Rocca consideraba bajo control.
La elección que llevó al dirigente de Campana al frente de la UOM en 2022 significó el desplazamiento de la histórica conducción alineada con Antonio Caló, un esquema sindical que durante años había mantenido una relación de diálogo más previsible con las grandes empresas del sector. Con Furlán emergió otro perfil: más confrontativo, más cercano al kirchnerismo sindical y con una estrategia de recuperación salarial basada en la movilización permanente.
Sin dudas, diciembre de 2023 fue un punto de inflexión para el mundo metalúrgico. Allí comenzó a tomar forma un plan de asalto que terminó desembocando en la reciente intervención judicial.
Hace tiempo alguien me dijo una frase que no recuerdo quién pronunció: “La mayor fragilidad de las organizaciones sindicales son sus procesos electorales”.
Hay algo de cierto en esa definición. Los procesos electorales suelen abrir portales por donde irrumpen disputas que durante cuatro años permanecen latentes. Fuerzas que parecen dormidas vuelven a activarse cuando está en juego la conducción de una organización.
En este caso confluyeron varios factores: la decisión política de Rocca, el brazo operativo desde el día 1 de Julio Cordero en la Secretaría de Trabajo y la connivencia de sectores internos enfrentados con la conducción nacional.
¿Las irregularidades denunciadas en Campana justifican una medida de semejante magnitud? A primera vista parece una respuesta desproporcionada. Otros analistas sostienen que allí no estuvieron garantizadas las condiciones necesarias para desarrollar una elección transparente. No es el objetivo de estas líneas ingresar en esa discusión jurídica.
Lo relevante es observar qué consecuencias políticas produce la intervención.
En el camino aparecen interrogantes que, en principio, parecen ajenos a Rocca, aunque quizás no lo sean tanto si se observan desde otro prisma. Una jugada lateral.
Abel Furlán ocupa un lugar central dentro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU). Es la polea de transmisión de uno de los espacios sindicales más identificados con el kirchnerismo. No es el único, pero probablemente sea el que más incomoda a sectores de la CGT y, en algunos casos, incluso a dirigentes de la CTA (ampliaremos).
¿Ese factor explica por sí solo la intervención? Probablemente no. Pero ayuda a comprender algunos silencios.
Ni Axel Kicillof ni el gobierno bonaerense tuvieron una reacción contundente frente a la medida. El ministro de Trabajo provincial, Walter “Chewbacca” Correa, acompañó el reclamo de manera mucho más moderada de lo que muchos dirigentes sindicales esperaban. Lo hizo 72 horas después de la intervención con declaraciones a la «prestigiosa» Agencia Nova. Todo sin hacer carpa en el abrazo a la UOM.
La explicación inmediata podría encontrarse en las tensiones internas del peronismo. Sin embargo, existe otra lectura posible.
Según distintas fuentes empresarias y políticas, Rocca viene desarrollando una estrategia de vinculación transversal con distintos espacios de poder. Por un lado, mantiene interlocución con sectores del PRO vinculados a Mauricio Macri, un viejo enemigo. Por otro, su nombre aparece frecuentemente mencionado entre los empresarios con capacidad e interés para respaldar proyectos políticos alternativos de cara a 2027, incluido el armado que podría encabezar Axel Kicillof.
Bajo esa lógica, algunos silencios de Calle 6 en La Plata comienzan a adquirir otro significado.
La política argentina tiene una larga tradición de relaciones cruzadas entre poder económico y poder político. Los empresarios financian, construyen puentes y diversifican apuestas. Pocas veces colocan todas sus fichas en un solo casillero.
«No será ni la primera ni la última traición», reza una pared de la calle 115, en La Plata.
La frase resume bastante bien el clima de época.
Lo verdaderamente llamativo es que, si se unen todas las piezas del rompecabezas, aparece una paradoja política difícil de ignorar. La intervención que favorece los intereses de Rocca fue ejecutada, en los hechos, por un gobierno que se presenta como enemigo de las estructuras corporativas tradicionales.
Dicho de otro modo: una medida impulsada desde la administración de Javier Milei termina fortaleciendo la posición de uno de los empresarios más poderosos del país dentro de un sector estratégico como el metalúrgico. Para darle control total del sector, lo que le permitirá a Rocca financiar las principales campañas, a dos puntos, contra el propio gobierno libertario en 2027.
Y aquí rafica la verdadera dimensión de la jugada.
Fuente : Juan Manuel Morena – Mundo Gremial
