Los empleados de la constructora del Ejército Coviara rechazaron su traslado sin precisiones sobre condiciones laborales ni salariales. Denuncian deudas de haberes y paralización de proyectos, mientras crece la tensión con el ministro Luis Petri y la intervención de la empresa.
La constructora del Ejército, Coviara, atraviesa un escenario de fuerte conflictividad laboral y política. El 25 de agosto, los trabajadores fueron notificados de que debían aceptar o no su traslado a otro organismo público, sin precisiones sobre el destino, las condiciones salariales ni el régimen de trabajo. Ante la falta de detalles, la planta de personal rechazó la medida y se declaró en estado de alerta para defender sus fuentes de empleo.
“Nos piden que firmemos sin decirnos a dónde, con qué sueldo ni bajo qué condiciones. Podría ser a diez cuadras o a 20 kilómetros, incluso en otra provincia”, señaló un empleado que pidió reserva de identidad. La incertidumbre sobre el futuro laboral se suma a la deuda salarial que arrastra la empresa: aún no se abonaron los haberes de agosto ni el medio aguinaldo, y recién este lunes estaba previsto el pago de julio.
El conflicto derivó en cambios en la conducción. El ministro de Defensa, Luis Petri, desplazó a Mario Katzenell, secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, y en su lugar designó a la jefa de gabinete, Luciana Carrasco, quien envió un equipo de funcionarios a revisar la situación. El presidente de la compañía, Leonardo Salvini, quedó en una posición debilitada y, según fuentes gremiales, permanece “atrincherado en su oficina” sin dar respuestas al personal.
Los trabajadores advirtieron que la situación llegó a un punto crítico: Coviara recibió una carta documento por falta de pago de expensas y podría sufrir cortes de servicios básicos. Al malestar interno se suma el descontento en las Fuerzas Armadas por la intención de Petri de avanzar con el cierre de la empresa, creada originalmente para construir viviendas para la Armada y que luego extendió su actividad a otras fuerzas y proyectos inmobiliarios. En febrero el Gobierno la convirtió en Sociedad Anónima Unipersonal, según BAE, como paso previo para su absorción por parte de Playas Ferroviarias de Buenos Aires.
El mes pasado, los empleados realizaron el primer paro de 48 horas en la historia de la compañía, con respaldo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los reclamos incluyen el pago inmediato de salarios caídos y paritarias adeudadas, la garantía de estabilidad laboral, el cese de políticas de ajuste y la reactivación de los proyectos de vivienda, hoy totalmente paralizados.
Desde la asunción de Javier Milei, Coviara perdió un 25% de su personal y pasó de un leve superávit a un déficit superior a los mil millones de pesos. En este contexto, los trabajadores calificaron la situación como de “absoluta gravedad y máxima ilegalidad” y exigen una reunión urgente con el Ministerio de Defensa para evitar el desguace de la empresa y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en el marco del Estado.
